Arzobispo Fernando Portillo y Torre: Líder Eclesiástico en el Contexto del Tratado de Basilea

Fray Fernando Portillo y Torres, O.P., fue el quinto dominico en ocupar la sede de Santo Domingo, a la cual fue nombrado en 1788, Portillo asumió la sede en un momento crítico para la región, marcado por conflictos internacionales y el eventual Tratado de Basilea, que en 1795  cedió la parte española de La Española a Francia. Su vida y misión reflejaron su devoción religiosa y lealtad a la corona española, aunque su papel durante el traspaso de poderes en la isla le valió opiniones encontradas.

Nacido en el seno de una familia noble, Portillo ingresó a los quince años en el Convento Dominico de Málaga, y fue ordenado sacerdote en 1752. Tras enseñar Filosofía, Teología y Moral en Málaga, dirigió la cátedra del teólogo Melchor Cano en Jerez de la Frontera. Además de su labor docente, fue prior de varios conventos en Andalucía y asistió como elector al Capítulo General de Roma (1777). Su desempeño en la orden le ganó altos honores, siendo nombrado Maestro en Teología y Definidor Provincial, y consolidando así una carrera distinguida que precedió a su nombramiento en Santo Domingo.Con evidente exageración, un biógrafo y hermano sµyo en religión asegura que "no fue General porque no quiso".

Siendo Prior del Convento de Dominicos de Málaga, recibió el nombramiento para arzobispo de Santo Domingo el 10 de abril de 1788, la preconización el 15 de septiembre, las bulas el 17 del mismo mes y las ejecutoriales el 12 de octubre de 1788. Se le dio licencia para ir a su iglesia el 28 de abril de 1789 y salió de Málaga con rumbo a la Guaira para llegar a Caracas, donde el obispo Mariano Martí lo consagró en la iglesia de San Jacinto de los padres dominicos, el 7 de junio. Se embarcó hacia Santo Domingo el 30 de junio y llegó a su sede el 11 de julio.

Dos días después tomó posesión del arzobispado de la ciudad, el 13 de julio lo recibía en la Iglesia Metropolitana de Santo Domingo de manos del dimisionario, Isidoro Rodríguez Lorenzo. Carlos Nouel comento, "es la primera vez que en esta Catedral se ve la ceremonia de traspaso de mando estando presentes los dos obispos"

El primer acto oficial del nuevo arzobispo fue nombrar Vicario General a D. Francisco J. Herrera Blandino.16 Pronto instalaría su residencia y oficinas en la antigua casa de los jesuitas, aledaña a la desaparecida Universidad de Santiago de la Paz. De ese modo, Portillo sería también el primero que no usó el Palacio Arzobispal de la calle de Plateros. 

Portillo es el creador formal del Archivo Parroquial de la Catedral de Santo Domingo (14 diciembre 1791), de la apertura del colegio-seminario de San Fernando (21 diciembre 1792), y lo que es más importante, defendió ante la corona el indiscutible derecho a la libertad de los esclavos prófugos del Oeste. En 1791 Portillo abogó ante la corona española para reconocer la libertad de los esclavos que habían huido de la colonia francesa vecina hacia Santo Domingo. En sus cartas a Carlos IV, expresó que aunque pudieran haber sido delincuentes en otros aspectos, bajo ningún concepto debían ser considerados esclavos. Este posicionamiento se enmarca en un contexto de creciente tensión entre los ideales de libertad que propagaba la Revolución Francesa y la tradición monárquica y esclavista de España.

Como recién llegado y deseoso de conocer su archidiócesis, emprendió una visita pastoral a las parroquias de la ciudad y del Cibao. En 1794 realizó la visita a distintos lugares de la zona sur, deteniéndose especialmente en Baní, donde tuvo que realizar amonestaciones por las omisiones y descuidos comprobados. El 25 de marzo de 1795 recibía una bula extendiendo su jurisdicción a todos los pueblos haitianos, sujetos a España.

El Tratado de Basilea, firmado en 1795 entre Francia y España, fue un momento decisivo en la historia de Santo Domingo. España cedió su porción oriental de La Española a Francia, un cambio que afectó profundamente a Portillo, quien percibía el traspaso como una amenaza a la fe y la cultura hispánica en la isla. Para él, este tratado representaba una traición, describiéndolo como una transacción "desventajosa" y expresando su desilusión ante la pérdida de un territorio al que consideraba invaluable.

En respuesta a esta situación, Portillo ordenó la evacuación del clero y de las órdenes religiosas de la isla, incluyendo a los dominicos, franciscanas y clarisas. Este éxodo, que se repetiría en varios edictos a lo largo de los años, estaba motivado por su temor de que la permanencia en un territorio bajo dominio francés condujera a la imposición de ideas revolucionarias y anticlericales. En sus cartas al ministro español Manuel Godoy, Portillo expresó repetidamente su lealtad al monarca español y su negativa a servir bajo la autoridad de un nuevo régimen que, a su entender, amenazaba la práctica religiosa y la autoridad de la Iglesia.

La orden de Portillo de evacuar a los religiosos fue recibida con resistencia, tanto por parte del Cabildo de la Ciudad de Santo Domingo, que consideró la medida exagerada, como por los propios religiosos, incluidos varios dominicos y franciscanas, quienes se negaron a abandonar el territorio sin garantías sobre el trato de sus feligreses. La situación se complicó aún más por el temor de Portillo a la influencia del clero constitucional francés, que ya había comenzado a operar en áreas cercanas al territorio español y que, según él, podría “contaminar” al clero de Santo Domingo. Portillo continuó defendiendo la autoridad y jurisdicción de la Iglesia española en Santo Domingo hasta sus últimos días en el cargo. 

Para Portillo, la cesión de Santo Domingo representaba no sólo una pérdida territorial, sino también una amenaza directa al patrimonio religioso y artístico que, a lo largo de siglos, había acumulado la Iglesia en la isla. Al observar el creciente anticlericalismo en la Francia revolucionaria, temía que el dominio francés trajera la secularización de los bienes eclesiásticos y la supresión de prácticas religiosas católicas.

En los meses que siguieron a la firma del tratado, Portillo se dedicó a gestionar el traslado de valiosas obras de arte sacro, ornamentos litúrgicos, archivos, reliquias y objetos de plata, considerados esenciales tanto para la fe como para la identidad cultural de la Iglesia dominicana. Entre estos objetos se encontraba el tesoro de la Catedral de Santo Domingo, que incluía imágenes religiosas de gran devoción popular, cálices, custodias, portapaces, crucifijos de plata y relicarios. Además, el traslado incluía archivos parroquiales y documentos históricos, que Portillo consideraba invaluables para la historia de la Iglesia en América.

Portillo organizó el transporte de estos bienes hacia La Habana en varias etapas, solicitando la ayuda de clérigos y laicos leales, quienes participaron en el empaque y embarque de estos objetos. Algunos de estos bienes fueron trasladados a la Catedral de La Habana y a otros conventos y monasterios en Cuba, donde fueron resguardados bajo la protección de la Iglesia cubana, con el fin de evitar su eventual confiscación por el nuevo régimen francés. En este proceso, Portillo recibió apoyo de las autoridades de Cuba, que compartían su temor ante el riesgo de secularización y destrucción de los bienes eclesiásticos por parte de las fuerzas revolucionarias.

Portillo logró de esta forma asegurar el traslado de buena parte del patrimonio hacia Cuba, protegiendo así elementos históricos y religiosos de la iglesia dominicana. Su proceder resultó fundamental para la preservación de una parte significativa del arte sacro y archivos documentales que de otra forma habrían sido vulnerables a la secularización y al riesgo de destrucción. Este tratado obligó a las autoridades españolas y religiosas a enfrentar el complejo proceso de transferencia administrativa y cultural.

El 20 de diciembre de 1795, Portillo también ordenó la salida de los clérigos restantes, aunque algunos de estos se mantuvieron en sus puestos por órdenes directas del Cabildo Eclesiástico de Santo Domingo, que ya comenzaba a alinearse de cierta forma con el nuevo gobierno francés. Portillo continuó defendiendo la autoridad y jurisdicción de la Iglesia española en Santo Domingo hasta sus últimos días en el cargo.

Uno de los actos más controvertidos de Portillo durante este proceso fue su decisión de trasladar los restos de Cristóbal Colón a La Habana en 1795. Portillo temía que bajo el gobierno francés, el sepulcro del explorador pudiera profanarse o quedar relegado en una tierra que él consideraba "hostil" a los valores católicos españoles. Así, ordenó la exhumación y traslado de los restos, un acto que fue aprobado por el Cabildo de la Catedral, y posteriormente embarcados a Cuba. En La Habana, los restos de Colón fueron reubicados en la Catedral, donde permanecieron hasta finales del siglo XIX. Este traslado generó cierta controversia en la época y fue criticado por algunos, quienes consideraban que los restos debían haber permanecido en la isla. Sin embargo, Portillo defendió su decisión como una medida preventiva en defensa de un símbolo esencial de la identidad hispánica.

La figura de Portillo se recuerda como la de un líder religioso que, ante un contexto de transformaciones políticas y sociales, optó por defender la tradición y la estabilidad de su iglesia frente a las influencias extranjeras. Su papel y resistencia durante el traspaso de poderes hicieron de él una figura controversial en la historia de Santo Domingo, y su legado continúa siendo estudiado como un ejemplo de la interacción entre política y religión en tiempos de cambio.

Fue un fervoroso defensor de la fe y a su vez un crítico feroz de las influencias liberales, pero también un hombre marcado por su contexto, en el que la fidelidad a la corona y a la Iglesia fueron elementos fundamentales.

Portillo salió hacia La Habana (11 de abril de 1798), porque había sido trasladado a Santafé de Bogotá (29 de septiembre), quedando la sede desierta. Anteriormente, y en repetidas ocasiones, había solicitado el traslado a una sede metropolitana de España y renunciado al obispado de Trujillo en el Perú.

En Santafé fijó su residencia a una legua de la capital, en Fontivón, pero hasta el 1 de mayo del año siguiente no tomó posesión real por estar enfermo. Allí se le presentaron dos cuestiones graves: un reclamo de los párrocos a la Corte por la exacción del cobro de sus cuartas episcopales y obvencionales, y otro reclamo de su Cabildo, por el proyecto del prelado de convertir la iglesia de San Carlos en viceparroquial.

Murió el 24 de enero de 1804 y cuentan que estuvo tres días en la sala (capilla ardiente), en donde se dijeron algunas misas, pero pocas, porque no le querían.

Cuando el cadáver iba por las calles pelearon, llegando a las manos, Martín Villa, secretario de dicho arzobispo, y Martín Urdaneta, interpretándo el hecho como una absoluta falta de respeto.

Es de señalar que en su testamento no se acordó para nada de Santo Domingo, a pesar de que allí le habían confiado dos obras pías. Sus fondos los invirtió durante la cesión de la isla y su traslado. En conciencia le quedó cierto escrúpulo de este gasto, y para cumplir con esta deuda, mandó fundar dos capellanías en Santafé y Málaga, tras su muerte.